La Milicia Bolivariana como componente de la nueva Doctrina Militar Venezolana
Juan Carlos Peña Matus
De las
definiciones...
El término milicia cuya
raíz latina –militia– se traduce como
“gente de guerra” según el Diccionario Larousse (1985: 683), se ha usado frecuentemente
para referirse a todo aquel que participa de la guerra. Sin embargo, este
término en el devenir histórico ha adquirido usos más restringidos, tal es el
caso cuando se refiere a una fuerza militar compuesta solamente de ciudadanos,
esto implica de algún modo una diferenciación
entre dicha condición y la de soldado, estableciendo atributos distintivos para
cada cual.
Este es el
uso que nos interesa destacar para poder abordar esta investigación ya que nos
permite tener un marco de referencia que, aunque especifico, es suficientemente
amplio como para entender dicho concepto de manera diacrónica, abordando sus formas y funciones.
Las
funciones de una milicia, en tanto organización social, dependerán del contexto
histórico, social y político del territorio particular sobre el cual actúan, lo
cual le otorga a las milicias un sentido específico dentro de la estructura
general de poder de dicho territorio.
En el caso
de la Milicia Bolivariana, como cuerpo militar compuesto de ciudadanos voluntarios,
es decir que su incorporación no es producto de un reclutamiento forzoso, es en
sí misma expresión de una política de
Estado, a su vez, parte de la nueva
Doctrina Militar Bolivariana, que se
encuentra dentro de un contexto histórico específico, en el marco de un proceso
cuya dinámica de cambio acelerada ha introducido grandes modificaciones al
aparato de Estado, produciendo enormes
transformaciones en los aspectos sociales, económicos y políticos de la nación
venezolana. Además se encuentra en un contexto internacional cuyas
implicaciones determinan en buena medida el rumbo que ha seguido como proceso.
Hay que entenderla por tanto, conjugando ambas visiones, desde adentro y desde
afuera para llegar al sentido específico de la Milicia Bolivariana, como
mecanismo de defensa y protección, como organización social, y, sobre todo, como el resultado concreto del
acumulado histórico del proceso bolivariano que vive Venezuela.
Antecedentes
En Europa, la
distinción entre milicias y otro tipo de formación militar es irrelevante hasta
bien entrado el siglo XIX, particularmente en los Estados hispanocristianos de
la Edad Media, el ejército no constituye un cuerpo armado permanente, se
recluta y organiza cuando lo exige la inminencia de la guerra. Por el contrario,
lo único que tiene carácter permanente es la milicia real (militia regis,
mesnada) que son los grupos guerreros o vasallos al servicio de los señores que
desde el siglo XI, constituyen las guarniciones de los castillos y fortalezas
fronterizas (Guia, 2019: 13). Después, durante la baja Edad Media, se acentúa
la tendencia a emplear tropas mercenarias, reclutadas no solamente entre los
naturales del país sino entre los extranjeros, al punto que esas huestes mercenarias
pasan a constituir el núcleo del ejército real, constituido por las huestes del
Rey, por las huestes señoriales, y por las milicias concejiles, éstas
últimas desde el momento en que las
poblaciones se organizan en municipios (Ibíd.).
Al iniciar
la conquista de los territorios ultramarinos, la monarquía española estaba en
plena ebullición modernista, medidas como institucionalizar el ejército cuentan
entre sus notables avances en materia política, económica, militar, científica,
etc. Dicho ejército o huestes del rey, contaba con una estructura compuesta
por: vasallos nobles (que son su componente armado), los caballeros y las
tropas movilizadas (formada por los peones, villanos y ciudadanos del feudo)
siendo el servicio militar un deber público que está en obligación de todos los
pobladores de los reinos cristianos (Ibíd.).
Al comenzar el proceso de
exploración y conquista de los territorios del continente americano hay
un concepto de milicia que tiene una larga historia. En principio, milita regis, cuerpo militar armado cuya estructura está en directa
relación con el régimen Feudal imperante, estando al servicio de los Señores
Feudales, evoluciona en una milicia concejil, especie de tropa movilizada,
que junto a una élite armada conforman
un ejército regular al servicio del Rey católico. Sin embargo, en principio lo que llega al continente
americano es una estructura más simple. Las expediciones guerreras iniciadas
con apoyo de la corona, cada vez más numerosas y organizadas, fueron formando
una estructura en el área militar cuyo carácter nunca quedo del todo claro, pues
estaban al mando de una figura que
constituye una dualidad entre la
autoridad civil y la autoridad militar, expresada en el binomio
capitán-conquistador; sujeto que gracias a una merced real según
la normativa aplicable al ejército peninsular o por capitulación, conforme a la
normativa indiana, desempeña la función militar sin necesariamente poseer experiencia
militar (Guia, 2009: 14). La tropa de dichas expediciones estaba formada a
partir de un proceso de reclutamiento que se sustentaba en el servicio militar,
o servicio de huestes, al cual
estaban obligados todos los ciudadanos de los reinos de España, por tanto eran
unas pequeñas milicias armadas (Ibíd.).
Digamos
que hasta allí las necesidades de contingente militar para las campañas de
ocupación y posterior dominio del territorio, son cubiertas con este básico mecanismo
de defensa y protección. Sin embargo, sólo en principio, el territorio ocupado por
la fuerza fue controlable mediante la creación y organización de pequeñas
milicias o grupos armados traídos desde el viejo continente. Pronto esto no
sería sostenible, sobre todo en la medida que los asentamientos se hacían cada
vez más permanentes, por lo cual fue necesario transplantar esa estructura
básica al continente, pero en este caso se trataba de milicias compuestas de
vecinos, es decir, peninsulares o colonos, que en la medida que pasa el tiempo
son sustituidos por sus hijos nacidos en
el continente, quienes continuarían con el proceso.
La colonización tiende a consolidarse, en
buena medida producto de la encomienda, una especie de estructura
agraria-explotadora usufructuaria de los territorios a colonizar, a través de
la cual se desarrolla un proceso de reordenamiento de la población indígena
(dominada), concentrándolos en núcleos poblacionales llamados pueblos de indios, que junto con otros
asentamientos de blancos criollos conformarían el ordenamiento espacial del
territorio. Este nuevo ordenamiento territorial va a forzar la creación de
nuevos mecanismos de defensa y protección más avanzados en la medida que los
nuevos asentamientos se van haciendo más grandes y, en particular, exitosos en
la explotación de los recursos económicos del territorio conquistado.
En las
postrimerías de la etapa de colonial, es decir a finales del siglo XVIII,
España ya ha desarrollado plenamente su aparato militar en las colonias
ultramarinas. Las reformas borbónicas han consolidado una serie de políticas
que le han permitido extender su control territorial a todos los rincones de su
vasto imperio, aunque con ciertas dificultades y limitaciones pues no todos los
territorios tenían el mismo grado de control militar.
En el caso
del territorio venezolano, lo que entonces fue la Capitanía General de
Venezuela, por su naturaleza de puertos expuestos a las incursiones piratas,
mantuvo una política defensiva impuesta por la corona basada en la construcción
de varias fortificaciones militares en las principales ciudades costeras –Maracaibo,
Puerto Cabello, La Guaira, Cumaná, etc.–, impulsadas muchas de ellas por la
Compañía Guipuzcoana para controlar el monopolio de exportación y contrabando, además
de las funciones de protección costera
(Guía, 2009: 14).
Esta
situación de vulnerabilidad estratégica obligaba a tener contingente de tropas
permanentes para las fortificaciones, además de las otras labores de defensa y
protección. Por lo cual fue establecido en la legislación indiana la obligación
de llevar las armas a los vecinos y en el caso particular del encomendero, cumplir
con las razias del servicio de reclutamiento. Estas milicias conformadas por
blancos criollos pertenecientes a las capas superiores de la sociedad
provincial, a finales del silgo XVIII ya no eran suficientes para tal fin,
entre otras cosas porque siempre fueron la población minoritaria, por lo que la
corona se vio obligada a abrir el espectro de reclutamiento e incluir a los
pardos, cuarterones, mulatos, morenos y negros
para formar batallones o compañías de milicias, para así aumentar progresivamente
el número de individuos armados y defender los intereses coloniales de la
corona española (Guia, 2009: 15).
A modo de
balance de final de siglo, la Capitanía General de Venezuela cuenta con un
cuerpo de leyes que reglamenta y regulariza el proceso de conformación de las
milicias como base estructurante del sistema de protección y defensa, lo que le
permite sostener un aparato militar, que a pesar de las limitaciones en cuanto
a vestuario, armamento o pago y tiempo de servicio, es funcional para las
condiciones particulares de la Capitanía.
Las milicias regladas conformadas a partir
de 1771 por las reformas borbónicas introducidas por el rey Carlos III, estaban
organizadas de acuerdo al color de piel, posición y status, lo que es
totalmente entendible dentro de una sociedad de castas, y por ello, existen
cuerpos separados como las milicias de blancos y de pardos, así como
también batallones o compañías divididos
por profesión u oficio, sin embargo a pesar de la fragmentación, constituyen un
aparato militar regularizado y centralizado (Guia, 2009: 18).
Al iniciar
la guerra de ruptura colonial (1810-1821) las élites que se hacen con el poder,
se ven obligadas a decretar el reclutamiento forzoso de todos los ciudadanos
entre 15 y 50 años, y conformar milicias que con una breve formación estuvieran
en el campo de batalla dispuestos para defender el territorio contra el
ejercito imperial. La preparación que recibirían estas milicias republicanas consistía en instrucciones de manejo de armas
y orden cerrado, a cargo de oficiales que dos veces por semana las impartían en
unidades del tipo de compañías, compuestas entre 50 y 60 hombres (Guia, 2009:
20). Para sostener estas milicias republicanas y evitar las deserciones, fue
necesario imponer leyes muy duras que daban pena de muerte a quien abandonara
filas. Sin embargo el desempeño no fue del todo bueno, la indisciplina y la
falta de cohesión en sus filas, en buena medida producto del conflicto entre
castas (Guía, 2009, 20), resultando evidente que las aspiraciones de nivelación
socio-económico de los pardos, negros e indios estaban en abierta contradicción
con los intereses de las elites criollas al mando.
A pesar de
las dificultades, se logró pasar de unas simples milicias a conformar el
Ejército Libertador de Suramérica, con un alto grado de organización y
disciplina. Para 1823 el ejército contaba con 32.446 hombres, de ese número
2.520 formaban el cuerpo de artillería, 4.296 el de caballería y 25.750 el de
infantería (Guia, 2009: 22).
Con el
pasar del tiempo, ese gran esfuerzo se fue perdiendo bajo el enorme peso de lo
que implica mantener un ejército de esas dimensiones. Por un lado las
deficiencias económicas de la novel República, por el otro las enormes distancias
en las que se encontraban apostados sus contingentes, sumado a las tensiones
separatistas que comenzaron a aflorar entre las nacionalidades (Guia, 2009: 23).
En la
naciente República venezolana, a partir de 1830 se da final a dicho Gran Ejército Libertador, y
se divide este aparato militar en tres componentes básicos: el Ejército Permanente,
la Milicia Nacional y la Marina. El 2 de octubre de 1830 se aprueba la Ley de Milicia
Nacional, que establecía la obligatoriedad de servir en este cuerpo a todos los
venezolanos varones entre 18 y 40 años cumplidos, y hasta 60 años de edad en la
milicia local, exceptuando a los empleados públicos y religiosos (Guia, 2009:
26).
El
establecimiento de la Milicia Nacional en detrimento del Ejército Permanente
fue el mecanismo ideado por la elite civil para procurar asumir un predominio absoluto
del poder político. A un cuando en la práctica no pudo alcanzar sus objetivos,
fue una característica permanente durante casi todo el siglo XIX (Guia, 2009:
26).
Se
realizaron sucesivas modificaciones a la Ley de Milicias para controlar
rebeliones, alzamientos, etc., hasta que
en 1892 se procura el primer intento de profesionalización del aparato militar,
que, aunque no prospera, constituye el comienzo de un camino que llevaría a la
formación definitiva de un ejército profesional décadas más tarde ya entrado el
siglo XX (Guia, 2009: 34).
A partir
de la Ley de Servicio Militar (1933), quedaría abolido el sistema en práctica
desde los primeros tiempos de la República, por medio del cual los Estados
podían formar milicias armadas en caso de alteración del orden público (Guia,
2009: 82). Aunada a las Leyes de 1919 y 1926, el fiero sistema de recluta
forzosa es modificado definitivamente y cambiado por un moderno servicio
militar obligatorio; con ello quedaría allanado el camino para la constitución
de un aparato militar profesional.
La Milicia
Bolivariana
El día 23 de julio de
2009 en el Fuerte Tiuna, Caracas, Hugo Chávez Frías, entonces Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, ofreció unas reflexiones ante los 274
oficiales graduandos del III curso de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana. Allí, el mandatario venezolano esbozó, dentro del contexto
geopolítico actual, la nueva doctrina militar venezolana. La denominó Doctrina
Militar Bolivariana. Analizó sus implicaciones para la defensa y protección del
territorio, e insistió en la necesidad del cambio de visión acerca de las
milicias.
Dentro del mismo orden de
ideas, manifestó el mandatario venezolano, sostenido en la unidad entre pueblo
y fuerzas armadas, lo siguiente: “La milicia no puede ser vista como donde estemos los viejitos. No.
Además de algunos viejitos como nosotros, tropas de combate, juventud (2009: 3)”. Con esto quedaba clara la intención de cambiar diametralmente la
concepción que se tenía en ese momento de
la reserva militar, así como formar cuerpos de ciudadanos a partir del
alistamiento voluntario de estos y constituir unos cuerpos de combatientes que
pudieran hacer frente a una eventual
agresión exterior si así fuera el caso.
Este viraje radical en la
doctrina militar venezolana implica cambios a nivel jurídico, incluso cambios
en la estructura organizacional del Estado, pero sobretodo un viraje radical en
cuanto a la concepción que se tenía de país hasta ese momento, de su futuro y
posición ante el concierto de naciones del mundo.
Desde el punto de vista
jurídico, el paso definitivo se da a partir del 21 de octubre de 2009, fecha en
que se promulga la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, modificación definitiva de la vigente desde 2008, que por
errores materiales fue necesario corregir y que, finalmente, a partir de la
publicación en gaceta oficial el 02 de Febrero de 2010, comenzaría a ser
vigente como lo establece el ordenamiento jurídico del País.
En el
articulo N º 4, ordinal 3 de la citada Ley Orgánica se establece lo siguiente
en cuanto a las funciones de la Fuerzas Armadas: “Preparar y organizar al
pueblo para la Defensa Integral con el propósito de coadyuvar a la
independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico de la Nación
(2010: 1)”. De esta manera queda establecido taxativamente que las autoridades
militares están en la obligación de dar formación en dicha materia a los
ciudadanos y así mismo organizarlos para la defensa integral de la nación.
La
utilización en esta Ley del concepto de defensa integral es lo realmente
novedoso, al menos en lo que a materia de doctrina militar se refiere, pues
como sabemos, la idea de formar milicianos es de larga data en el territorio
venezolano. Para entender dicho concepto hay que remitirse a la Ley de
Seguridad de la Nación del año 2002 donde ya estaba contemplado lo siguiente:
Defensa integral, a los fines de esta
Ley, es el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa,
cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule,
coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas
y privadas, y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con
el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la
soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación
(2002: 1).
En este
artículo de las disposiciones fundamentales, el número tres de esta Ley
Orgánica, ya se dispone que la defensa en primer término es una responsabilidad
del Estado y de todos los ciudadanos en su conjunto, y, además de los valores
fundamentales se incluye el desarrollo integral como elemento importante de la
vida nacional. Aunque ambos elementos tanto la corresponsabilidad en la defensa
como el desarrollo integral, ya estaban contemplados en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, por tanto tienen un basamento jurídico incuestionable
(León y Ortiz, 2016: 26).
Retomando
nuevamente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, encontramos en el capítulo
V, artículo 43, cómo se define con precisión esta nueva estructura de milicias
que se establece con el nombre de Milicia Nacional Bolivariana: “es un cuerpo
especial organizado por el Estado Venezolano, integrado por los Cuerpos de
Combatientes y la Milicia Territorial destinada a complementar a la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana en la Defensa Integral de la Nación, para contribuir
en garantizar su independencia y soberanía (2010: 6)”. Definida así, es
conveniente entonces aclarar qué son estos dos elementos y diferenciarlos de
manera clara.
Por una
parte el Cuerpo de Combatientes, según lo plantea el artículo 50 de la misma
Ley es el cuerpo conformado por ciudadanos, que organizados y adiestrados por
la Comandancia General de la Milicia,
deberán estar preparados para coadyuvar en la defensa integral de la Nación. Por
la otra, la Milicia Territorial, definida en el artículo 51 como los ciudadanos
que organizados y registrados voluntariamente, amparados en el principio de
corresponsabilidad, estarán al mando de la Comandancia General de la Milicia
Bolivariana, en labores de cooperación en la defensa integral de la nación.
Ambos
cuerpos quedarían bien diferenciados de lo que se denomina Reserva Militar, la
cual está constituida por todos lo ciudadanos venezolanos que hayan aprobado
los cursos especiales para oficiales y tropas profesionales, es decir todo
aquel que haya hecho carrera militar en las Fuerzas Armadas Bolivarianas de
Venezuela.
Hasta
ahora todo este ordenamiento jurídico nos ha permitido más o menos entender la estructura general de
la Milicia Bolivariana, pero es meritorio
avanzar un poco más en el análisis de
las estructuras más finas que le
permiten funcionar. Al respecto, en un nivel más bajo, como sistema
organizacional encontramos en el artículo 45 una estructura funcional u
operacional, en la serie que va del Comando General, Segundo Comando, Jefatura
de Estado Mayor, Agrupamientos, Unidades de Milicia Territorial, Cuerpos de
Combatientes y los órganos operativos y administrativos necesarios, tenemos
descrita aguas abajo la cadena de subsistemas que permite hacer fluir el poder
para controlar dicho sistema y cumplir sus funciones.
El funcionamiento de
la Milicia Bolivariana gira en torno a cuatro tareas básicas que están
establecidas en el artículo 44, a saber: mantenimiento del orden interno,
seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación. Partiendo de estos
cuatro grandes lineamientos desarrollan una serie de tareas específicas, las
cuales están completamente definidas en el artículo 46 en 10 funciones, que van desde los aspectos más militares como “alistar,
organizar, equipar, instruir, entrenar y reentrenar las unidades de la Milicia
Nacional Bolivariana conformada”, hasta labores administrativas como “recabar,
procesar y difundir la información de los consejos comunales”, otras funciones
más políticas como “orientar, coordinar y apoyar en las áreas de su competencia
a los consejos comunales” e incluso otras orientadas a contribuir al desarrollo
tecnológico militar como “participar y contribuir en el desarrollo de la tecnología
e industria militar”.
De esta manera,
grosso modo, ya hemos definido que son estas milicias y cuales son sus
funciones en tanto sistema organizacional al servicio del Estado. Podemos
afirmar que en todo este dispositivo jurídico que las crea y reglamenta, hay un
elemento transversal que está siempre presente en todas las precisiones que se
hacen; no es otro que la doctrina de Defensa Integral, de la cual hemos hablado
de manera propedéutica, pero cuyo análisis en profundidad nos va permitir
avanzar hacia los niveles epistemológicos que sustentan esta nueva estructura.
Cambios en la
Doctrina Militar
La
Milicia Bolivariana es la expresión más acabada de ese nuevo orden constituido
por la nueva Doctrina Militar Bolivariana, ya que su creación es el resultado
de una serie de cambios profundos en los que hasta ahora habían sido los
fundamentos del accionar de las Fuerzas Armadas Nacionales en Venezuela.
El funcionamiento de cualquier institución implica una doctrina, es
decir, un conjunto de conocimientos, principios, valores y normas
fundamentales, que responden al pensamiento de un colectivo y que, aplicadas a
una realidad concreta, generan normas, métodos comunes, procedimientos,
sistemas y prácticas que orientan la acción conjunta y conducta de las personas
(Fernández, 2011,128). Siendo más específicos, al reducir la mirada al ámbito
de lo militar, una doctrina militar se define entonces como el conjunto
armónico y sistematizado de principios,
fundamentos, educación, adiestramiento y equipamiento militar, con
la finalidad de garantizar el entendimiento mutuo entre los integrantes de una
fuerza armada (Ibíd.).
La Doctrina Militar Bolivariana contiene dos elementos claves ya
anticipados en la definición jurídica hecha en la Ley de
Seguridad de la Nación del año 2002. Por un lado, la “defensa integral”, y, por
el otro, el “desarrollo integral” de la nación. Ambos términos implican cambios
a niveles muy profundos y, en su conjunto, constituyen una nueva doctrina.
La “defensa integral”, en tanto acción en función de mejorar las
capacidades para la defensa, entraña un giro en la visión de la guerra que se
tenía durante el siglo XX. Dadas las condiciones que Venezuela tiene en cuanto
a territorio, recursos y tamaño de la población, no puede pretender ser una
potencia agresora, antes bien, es conveniente debido a la enorme cantidad de
recursos que posee, organizar una defensa que no se base exclusivamente en el
poderío militar. Esto en sí mismo no constituye un cambio, pues históricamente
las Fuerzas Armadas de Venezuela no fueron concebidas para la agresión, pero sí
constituye una nueva manera de afrontar la defensa. En este sentido, el
desarrollo de una doctrina que privilegie la defensa es totalmente consona con
el principio que prevalece entre las dos formas que adopta la guerra: ataque y
defensa. Donde esta última siempre es superior a la primera. Afirmación que
corresponde al gran pensador prusiano Carl von Clausewitz, el cual disertaba en
su libro De la Guerra, afirmando que
“la superioridad de la defensa –correctamente entendida– es muy grande, mucho
más de lo que al pronto podría parecer, se explica la notable proporción que
ocupan en la guerra los períodos carentes de acción, sin que esto implique
necesariamente una contradicción (16)”.
El
cambio en la manera de organizar la defensa nacional, si bien tiene que ver
mucho con la integración de toda la población a esta labor, da vital
importancia a la Milicia Bolivariana, que cumple así su función primordial,
dando además un valor estratégico a la organización del territorio para tal
fin. Ya el mismo decisor, quien impulsa la política pública y la concreta en
nuevas instituciones, el presidente Hugo Chávez, expresa con gran convicción: “Ahora
estamos obligados a defendernos, a incrementar nuestra capacidad defensiva palmo
a palmo, región a región, costa a costa, río a río, llano a llano, lago a lago,
mar a mar (2009: 3)”.
Basados
en el ordenamiento jurídico podemos afirmar que la territorialización de la
política está claramente definida en este concepto de defensa integral. La
expresión concreta en normas es una estructura organizativa que divide al
territorio nacional en zonas de control definidas, tomando en cuenta las
características específicas de cada parte de la geografía nacional.
La
Ley de Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB) establece con
respecto al territorio nacional, en su artículo 23, una división general del
territorio en regiones que denomina REDI (Región Estratégica de Defensa Integral)
y dos divisiones específicas, una denominada ZODI (Zona Operativa de Defensa
Integral) y otra ADI (Áreas de Defensa Integral):
“Articulo 23. El Presidente o Presidenta
de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
establecerá las Regiones Estratégicas de Defensa Integral, las cuales contarán
con un Jefe o una Jefa en su Estado Mayor Conjunto.
Las
Regiones de Defensa Integral estarán organizadas en Zonas Operativas de Defensa
Integral con su Comando y Estado Mayor y éstas a su vez, en Áreas de Defensa
Integral con su Comando y Plana Mayor (3)”.
Esta división del
territorio corresponde a una visión geoestratégica que le da sentido e
impregna toda la política del Estado, y
cuyo carácter es transversal en toda la
Doctrina Militar Bolivariana.
Vivimos
en un mundo multipolar conformado por potencias de tamaño pequeño, mediano y
grande, de acuerdo al territorio, la población y recursos que posean. En ese
escenario internacional, el país debe ocupar el lugar que le corresponde de
acuerdo a sus potencialidades, así lo expresó el Comandante Chavéz en su
momento: “Venezuela tiene todas las características, todas las condiciones para
que hoy fuera ya una potencia en el mundo. No dije gran potencia, no. El tamaño
no nos da para ser una gran potencia. China es una gran potencia, Rusia es una
gran potencia, Estados Unidos es una gran potencia, porque tienen un territorio
gigantesco, Brasil va a ser una gran potencia (Óp. Cit.: 5)”.
Esta
configuración del mundo, donde impera el capitalismo global, con grandes
asimetrías en cuanto al desarrollo, donde los
recursos son inminentemente limitados, inevitablemente trae consigo el
signo del conflicto. La coexistencia pacífica de las naciones del mundo debiera
ser la norma, sin embargo, el modo de producción imperante presiona fuertemente
sobre los recursos disponibles. Tales recursos están distribuidos a su vez
asimétricamente, por ejemplo: naciones como Venezuela, con 302.810 millones de
barriles de petróleo bajo su superficie, es la primera potencia del mundo en
reservas probadas petróleo[i],
frente a una potencia como Estados Unidos que ocupa el duodécimo lugar en
reservas probadas de crudo, siendo al mismo tiempo el más grande consumidor del
planeta de este recurso no renovable.
Dada
una concentración tan abismal de recursos en un país como Venezuela, resultaría
ingenuo pensar que no exista una tensión creciente respecto al control de los
mismos. En el caso del petróleo, ya en el pasado ha generado guerras y,
eventualmente, pudiera generar otras en la medida que se vayan agotando sus
reservas. Si agregamos que Venezuela también posee grandes reservas de gas,
recursos hídricos considerables y minerales estratégicos, la posibilidad de la
vulneración de su soberanía a partir de acciones bélicas de cualquier
naturaleza es algo a considerar como posibilidad latente.
Fortalecer
las capacidades defensivas en el marco de este escenario es entonces una
obligación permanente de cualquier Estado, más aún del venezolano, pero para
ello es necesario superar las vulnerabilidades que tiene la nación. Lo primero
en este sentido es deshacerse de la antigua doctrina militar y desarrollar una
doctrina propia sobre la base del conocimiento y estudio de su historia, sus
valores nacionales y de sus intereses estratégicos como nación. Vale la pena
recordar al Comandante Chávez, quien lo expresó con mucha claridad de la
siguiente forma: “La doctrina militar, la nueva doctrina que estamos creando.
Ustedes con esto están creando nuestra doctrina. Estamos sacando la basura de
la doctrina yanqui, que aquí nos metieron como veneno, una doctrina además
anticuada, obsoleta, periclitada, apolínea, contraria a nuestros principios
(Ibíd.)”.
La construcción de la nueva doctrina militar,
tiene que atender a las raíces de su pensamiento, al legado poderoso de Bolívar
y los héroes del proceso de independencia nacional, tomando además para su
estudio, todas aquellas experiencias existentes en el mundo más cercanas en el
tiempo en relación a conflictos asimétricos. Cabe mencionar las experiencias de
Vietnam, Irak, Afganistán, Libia y más recientemente Siria, todas ellas de países que han
enfrentado agresiones militares de corto,
mediano y largo alcance temporal
por potencias hegemónicas como los Estados Unidos.
En
este sentido podemos decir que el sistema que mejor se adapta a las condiciones
del país es el “pueblo en armas”. Según Clausewitz, este concepto implica un
fortalecimiento y expansión del proceso de la guerra, al que se refiere de la
siguiente manera: “El sistema de requisiciones, el enorme aumento del volumen
de los ejércitos mediante ese sistema, el reclutamiento general y el empleo de
la milicia son cosas que siguen todas la misma dirección (Óp. Cit.: 147)”. Es
decir, queda claro aquí que incorporar a toda la población posible contribuye
necesariamente a mejorar las condiciones para la guerra.
En
el contexto venezolano el sistema del “pueblo en armas”, según Chávez, se basa
en la propia historia militar del país, en una “guerra popular de resistencia”.
Este es el concepto fundamental de la Doctrina Militar Bolivariana, y significa
preparar a la población para hacer la mejor defensa posible, de manera que
junto a la Fuerza Armada Bolivariana, puedan hacer de Venezuela una fortaleza
inexpugnable.
Agrega
el Comandante Chávez en pocas palabras un esbozo de este sistema, haciendo
alusión a las memorias de uno de los líderes del proceso de independencia, José
Antonio Páez: “Unos cuántos batallones desparramados, cerca de un pueblo, no
inspiran temor. Pero encerrados en los más estrechos confines de una ciudad,
imponen el temor (5)”.
Una
guerra popular de resistencia debe desarrollarse en cada palmo del territorio,
debe convertir cada asentamiento poblacional y donde quiera que haya sitios
estratégicos como hospitales o depósitos de cualquier clase en fortalezas. Por
tanto, implica armar y organizar al pueblo en cuerpos de autodefensa y
guerrillas, que también pueden actuar como apoyo logístico propio y negárselo
al enemigo, así mismo, pueden ser ocupadas en labores de inteligencia a las
fuerzas enemigas por simple observación de éstas y entrega de información a las autoridades correspondientes
(Fernández, 2010: p.96).
De
todo esto se desprende con claridad la importancia de la defensa integral como
concepto que engrana perfectamente con el desarrollo del sistema de la guerra
popular de resistencia, organizando el territorio en espacios de control (REDI,
ZODI y ADI) al mando de una autoridad
militar directa, dentro de una cadena de mando que dirige el Comandante en Jefe
y máxima autoridad política del país,
destinando a la Milicia Bolivariana como mecanismo para incorporar y
preparar a la población en este sistema de guerra.
En
cuanto desarrollo integral, el otro elemento clave dentro de la política del
Estado venezolano, que es de igual manera clave en la nueva doctrina militar,
permite superar las vulnerabilidades presentes en los distintos territorios, ya
que si la población va a ser integrada a la defensa debe estar en las mejores
condiciones para hacerlo.
Este
concepto de desarrollo tiene su clara definición jurídica en la Ley Orgánica de
Seguridad de la Nación, que en su artículo 4 reza: “la ejecución de planes,
programas, proyectos y procesos continuos de actividades y labores que acordes,
con la política general del Estado y en concordancia con el ordenamiento
jurídico vigente, se realicen con la finalidad de satisfacer las necesidades
individuales y colectivas de la población, en los ámbitos económicos, social,
político, cultural, geográfico, ambiental y militar (2002: 1)”.
El
desarrollo entendido de esta forma estaría vinculado a la seguridad de la
nación e implica para el Estado garantizar no sólo salud, educación, trabajo,
vivienda y justicia, sino que además debe preocuparse por crear un ambiente
favorable en el que todos los estamentos sociales tengan acceso a los beneficios del desarrollo, procurando
iguales oportunidades y en condiciones de máxima equidad posible.
Esa relación entre desarrollo y seguridad, que es
de naturaleza complementaria, en tanto política de Estado, crea las condiciones
para tener una fuerza armada orientada a impulsar el desarrollo de la nación,
dejando de entenderse de manera simplista como
desarrollo económico del país, incluyendo dentro
de esta noción el desarrollo social, el
desarrollo institucional y el desarrollo cultural, aspectos que inciden en la
condición de seguridad que se pretende alcanzar (León y Ortiz, 2016: p. 27). A manera de
ejemplo, la Milicia Bolivariana cumple un papel importante en esta dirección,
ya que colaborar con el desarrollo tecnológico militar es una de sus funciones
específicas, pero también lo es recabar
información de los consejos comunales,
instancia de poder político más próxima a la población, lo que permite
obtener información directa de la fuente en lo que se refiere a las condiciones locales del
desarrollo, según lo establecido en el
artículo 46 de la LOFANB.
En
resumen, la creación de la Milicia Bolivariana implicó un cambio doctrinario en
lo referente al ámbito militar, pero también generó una serie de cambios profundos
a todos los niveles de
la política del Estado venezolano. Rememorando a Clausewitz “La guerra entablada por una
comunidad –la guerra entre naciones enteras–, y particularmente entre naciones
civilizadas, surge siempre de una circunstancia política, y no tiene su
manifestación más que por un motivo político. Es, pues, un acto político
(2002: 19)”.
Por tanto, todo ese proceso que implica la creación de la Milicia Bolivariana,
desde el ámbito constitucional como fundamento, pasando por las leyes orgánicas
que norman la aplicación de la política, y alcanzando el nivel de las prácticas
en la aplicación concreta en el funcionamiento de la institución creada, es una
expresión de la voluntad de poder colectiva, de una visión de mundo, por tanto
la expresión de una ideología claramente definida.
Es
indudable que dentro de esa posición ideológica existe un compendio de
posiciones conceptuales sobre el Estado, la nación, la soberanía, las políticas
públicas, la doctrina militar, la seguridad y defensa, entre otros. Ese cuerpo
de postulados es lo que denominamos “Doctrina Bolivariana”, determinante y
necesaria para alcanzar una política integral de seguridad y defensa, núcleo
ideológico fundamental para el desarrollo del Proyecto Nacional Simón Bolívar, que a su vez se ha expresado en
los distintos planes de desarrollo económico y social de la nación.
Finalmente,
queda por ver cómo
evoluciona este legado en términos de política de seguridad y defensa, como
resultado de ese mundo multipolar, hegemonizado por el capitalismo global, con
sus evidentes asimetrías, tendrá que enfrentarse al reto que constituye un
mundo donde los Estados-nación coexisten en el llamado sistema internacional con
compañías transnacionales, cuyo poder económico rebasa fronteras y en muchos
casos su capacidad de actuar (poder), es
superior en capacidad al de muchos
Estados, haciendo por tanto que la idea de seguridad se haya vuelto difusa. Así
mismo, enfrenta un mundo con la enorme
presión del sistema por apropiarse de los recursos en creciente crisis de
agotamiento, más una serie de presiones medio ambientales que hacen que las
condiciones de vida sobre el planeta sean cada vez más extremas.
Bibliografía
Libros
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Presidente Teórico N°5. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e
Información, Caracas.
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la Guerra.
Edición Libros.Dot
Fernández,
M. (2010) De la Guerra Popular de
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Guía C, Germán J. (2009) La
Recluta Forzosa y su Transición al Servicio Militar 1908-1933. Fundación Centro
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León N, Agustin E. , Ortíz D. , Jonel M.
(2016) Venezuela
hacia la construcción de una Doctrina Bolivariana de Seguridad y Defensa
Integral.
Fundación Editorial El Perro y La Rana, Caracas.
Pequeño Diccionario Larousse (1985).
Documentos
Oficiales
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 37524,
2002
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 39359,
2010
